Preguntas frecuentes sobre el caso de los 4 periodistas holandeses en El Salvador: Respuestas a preguntas frecuentes sobre el caso de ex altos oficiales militares salvadoreños por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en Chalatenango en 1982

¿Quiénes son los acusados en el caso?

R: Los acusados en este caso son altos exoficiales militares salvadoreños, a saber, el excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería de El Paraíso, coronel Mario Reyes Mena (en adelante: coronel Reyes Mena); el exministro de Defensa y hombre fuerte del Ejército salvadoreño a principios de la década de 1980, general José Guillermo García (en adelante: general García); y el exjefe de la derogada Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán (en adelante: coronel Morán).

Las órdenes de captura contra los acusados fueron emitidas el 13 de octubre de 2024 por la Jueza María Mercedes Argüello, del Juzgado de Dulce Nombre de María, Chalatenango, El Salvador, tras encontrar suficientes motivos para procesarlos por el asesinato de cuatro periodistas holandeses: Jan Kuiper (editor), Koos Koster (corresponsal coordinador), Johannes “Joop” Willemsen (camarógrafo) y Hans ter Laag (sonidista), ocurrido el 17 de marzo de 1982, durante la guerra civil en El Salvador. Además de los tres hombres mencionados, el Tribunal también ordenó la detención del exjefe del Estado Mayor, general Rafael Flores Lima (en adelante: general Flores Lima), y del sargento del Batallón Atonal, Mario Canizales Espinoza (en adelante: sargento Canizales Espinoza). Sin embargo, el general Flores Lima y el sargento Canizales Espinoza han fallecido.

¿Qué fue la guerra civil en El Salvador?

R: Desde finales de la década de 1960, El Salvador se caracterizó por la profundización de la pobreza y la desigualdad social y económica. Una élite pequeña y adinerada oprimió a la población con una represión extrema. Entre otras cosas, las protestas populares que surgieron en respuesta a esta opresión finalmente desembocaron en una guerra civil que duraría aproximadamente desde 1980 hasta enero de 1992. La guerra civil en El Salvador fue un conflicto armado interno entre el ejército gubernamental, apoyado por Estados Unidos (en adelante: EE. UU.), y una coalición de cinco guerrillas de izquierda, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (en adelante: FMLN).

La guerra se caracterizó por una violencia extrema, que incluyó masacres, desapariciones y violaciones generalizadas de los derechos humanos, siendo los civiles las principales víctimas. El gobierno salvadoreño, o sus aliados, estuvieron frecuentemente involucrados en el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de personas, en particular de opositores políticos. Se estima que el 85 por ciento de la violencia durante la guerra fue atribuida a las fuerzas militares del gobierno de derecha, que fueron apoyadas por Estados Unidos por temor al comunismo, mientras que los rebeldes izquierdistas fueron responsables del 5 por ciento de la violencia.

Tras 12 años de combates y aproximadamente 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos, se firmaron los Acuerdos de Paz de Chapultepec en enero de 1992. Este acuerdo transformó al FMLN en un partido político y reformó el ejército. La guerra civil tuvo un impacto devastador en El Salvador, dejando profundas cicatrices en la sociedad.

¿Exactamente qué ocurrió en marzo de 1982?

R: El 11 de marzo de 1982, el director de la Policía de Hacienda, el coronel Francisco Antonio Morán, ordenó que fuera llevado Koos Koster al cuartel de la Policía de Hacienda para ser interrogado. Sus colegas Jan Kuiper, Joop Willemsen y Hans ter Laag, lo acompañaron. Los periodistas trabajaban para la emisora pública holandesa IKON (Interkerkelijke Omroep Nederland) e informaban sobre el impacto de la guerra en la vida de los civiles salvadoreños. Al regresar al hotel donde se hospedaban, descubrieron que sus habitaciones y materiales de trabajo habían sido registrados por los cuerpos policiales. Las fuerzas de seguridad salvadoreñas consideraron la labor periodística independiente de IKON una amenaza por desarrollar un periodismo crítico. Los periodistas continuaron con su trabajo en la producción de un documental que buscaba retratar la vida de familias salvadoreñas en áreas urbanas y rurales. El 17 de marzo de 1982, en Santa Rita, Chalatenango, los periodistas fueron emboscados y asesinados por una patrulla del Batallón Atonal de la Fuerza Armada de El Salvador. En el mismo lugar de la emboscada fueron también asesinados cuatro guías guerrilleros. Solamente un guía logró sobrevivir; guía que brindó su testimonio ante las autoridades de los Países Bajos.

Para mayor información sobre este caso y otros casos considerados crímenes de lesa humanidad, y que están contemplados en el Informe de la Comisión de la Verdad, puede acceder al sitio web especializado “La emboscada”, donde también pueden leer el libro que profundiza en el caso de los 4 periodistas holandeses. Este sitio web ofrece contenido en español, inglés y neerlandés.

¿Qué cargos específicos se han presentado contra los acusados?

R: La jueza del caso, mediante resolución, ordenó la prisión preventiva de los acusados por el delito de asesinato, tipificado en el Código Penal salvadoreño de 1973/74. Esta ley ya no está vigente, pero sigue siendo aplicable en este caso.

¿Por qué tardó tanto tiempo en presentarse la demanda?

R: Tras el fin de la guerra civil en 1992, el gobierno de El Salvador introdujo una ley de amnistía general para las fuerzas de seguridad del Estado y los guerrilleros. Esta ley, emitida el 20 de marzo de 1993, protegió a estos grupos de la investigación y el enjuiciamiento por violaciones de derechos humanos. Las leyes de amnistía son comunes después de guerras o conflictos políticos y sus partidarios las consideran una herramienta de justicia transicional para promover la reconciliación y la estabilidad nacional, pero también son controvertidas. Cuando las leyes de amnistía resultan en impunidad para los violadores de derechos humanos, impiden que se haga justicia a las víctimas y/o sobrevivientes. La ley de amnistía salvadoreña también protegió a los asesinos de los periodistas holandeses del enjuiciamiento por sus acciones.

Sin embargo, en julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la ley de amnistía. La Sala declaró que «la amnistía viola el derecho de acceso a la justicia y el derecho a una reparación integral de las víctimas de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra que violan los derechos humanos internacionales». Como resultado, las investigaciones sobre el caso de los periodistas holandeses comenzaron en 2018 luego de que la Fundación Comunicándonos y la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), acompañados con la Embajada del Reino de los Países Bajos en Costa Rica para Centroamérica, presentan la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR). Actualmente se está llevando a cabo un proceso penal en El Salvador.

¿Cuál es el significado más amplio en este caso?

R:Según la Fundación Comunicándonos y ASDEHU, quienes representan a los familiares de los 4 periodistas holandeses, este juicio es “el paso más significativo en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, así como para el pueblo salvadoreño y el pueblo de los Países Bajos”, debido a que será el primer caso consignado en el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas que alcanza la etapa de juicio, y en donde se sentará en el banquillo de los acusados a ex Altos Mandos militares de la Fuerza Armada.

También, una sentencia ejemplar en el caso de los periodistas holandeses garantizaría verdad y justicia para sus familias y el pueblo de los Países Bajos, además de sentar un precedente importante para avanzar en otros casos que siguen impunes.

Según Claret Vargas, abogada principal del Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA), organización de derechos humanos, el asesinato de los periodistas neerlandeses fue reconocido por la Comisión de la Verdad de la ONU de 1992 sobre El Salvador como «uno de los crímenes más emblemáticos cometidos durante la guerra civil en El Salvador».

El derecho a la libertad de expresión es un derecho humano reconocido internacionalmente, consagrado, entre otros, en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El derecho a la libertad de expresión abarca, entre otras cosas, la «libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras…». Esto también incluye la libertad de prensa para los periodistas. Esta libertad de prensa continúa bajo presión en El Salvador, y el caso del asesinato de los periodistas neerlandeses pone de relieve la persistencia de la violencia estatal contra los periodistas en el país: a día de hoy, los periodistas en El Salvador trabajan en condiciones difíciles, a menudo obligados a la autocensura y enfrentando limitaciones y amenazas. Este juicio en particular, al afectar estos derechos humanos fundamentales, es significativo en un país donde las violaciones a la libertad de prensa suelen quedar impunes. También es importante porque podría facilitar el abordaje de otros crímenes cometidos durante la guerra, como los otros 200 asesinatos ocurridos durante ese período: sienta las bases para una justicia más amplia y la rendición de cuentas. Una eventual condena contribuiría a la sanación de las familias de las víctimas y enviaría una señal crucial de que las violaciones de derechos humanos ya no quedarán impunes en El Salvador.

A pesar del informe de la Comisión de la Verdad de la ONU y de varios casos de la CIDH (como el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador) que condenan al Estado de El Salvador por numerosas y graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto, no se han realizado esfuerzos genuinos en El Salvador para investigar los crímenes ni para enjuiciar a los máximos responsables. Este caso es emblemático también porque examina la presunta responsabilidad penal de dos altos funcionarios salvadoreños por crímenes cometidos durante el conflicto. Este caso tiene el potencial de resonar en la comunidad de Santa Rita y más ampliamente en la sociedad salvadoreña.

La Fundación Comunicándonos y ASDEHU, junto a los familiares y amigos de los 4 periodistas holandeses, han edificado el Sitio de Memoria “Tulipanes de Esperanza”, en Santa Rita, Chalatenango, El Salvador. En este lugar fueron vistos con vida por última vez los 4 periodistas holandeses. El 24 de octubre de 2024, el Sitio de Memoria fue inaugurado con la participación del embajador de los Países Bajos en Costa Rica para Centroamérica y la oficial de derechos humanos de la embajada; y una gran participación de pobladores de Santa Rita y otros lugares de El Salvador.

¿Qué detalles puede compartir sobre el proceso de investigación que condujo a este juicio?
R: La Unidad de Crímenes de Guerra de los Países Bajos (DWCU, Team Internationale Misdrijven TIM) inicialmente llevó a cabo la investigación, pero no pudo continuar debido a restricciones de jurisdicción y limitaciones legales. Paralelamente, en El Salvador el 13 de marzo de 2018 la Fundación Comunicándonos y ASDEHU, con el acompañamiento de la Embajada de los Países Bajos en Costa Rica para Centroamérica (representada por el ex embajador de los Países Bajos y la oficial de derechos humanos), presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar la reapertura del caso. Esta denuncia fue presentada en nombre de Gert Kuiper y Saskia ter Laag. Fue hasta el 17 de marzo de 2021 cuando la FGR resolvió judicializar el caso según el Código Procesal Penal de 1973/74. En 2022, Sonja ter Laag hizo también una declaración sobre el caso ante el juzgado de Dulce Nombre de María.

La investigación de la Comisión de la Verdad de la ONU sobre El Salvador de 1992 sobre los asesinatos ya había revelado que el coronel Reyes Mena y el coronel Morán, junto con el sargento Canizales Espinoza, eran responsables de planear la emboscada y los asesinatos de los cuatro periodistas. El general García y el general Flores Lima responden en comisión por omisión (negligencia) con relación a los asesinatos, mientras que el coronel Reyes Mena, el coronel Morán y el sargento Canizales responden como autores mediatos con relación a los asesinatos, según resolución judicial.

Tras la orden de arresto, el general García y el coronel Morán fueron capturados el 14 de octubre de 2022 en sus domicilios de San Salvador y se encuentran en prisión preventiva en un hospital privado debido a su estado de salud y edad, a la espera de su juicio en El Salvador.

El juzgado también ordenó la detención del coronel Reyes Mena. En 2018, periodistas de investigación holandeses del programa de televisión Zembla descubrieron que el coronel Reyes Mena residía en Estados Unidos desde 1984, dos años después del asesinato. El coronel Reyes Mena declaró a Zembla: «El caso ha sido investigado, nunca he sido acusado. Todos ustedes forman parte de un plan comunista de venganza».

A pesar de la acusación formal salvadoreña en su contra, de tener una Notificación Roja de INTERPOL para su arresto provisional, y de que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador autorizara su extradición, el coronel Reyes Mena todavía no ha sido extraditado a El Salvador.

En el 2024, la CJA, junto con el bufete estadounidense Jenner & Block LLP y en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña Fundación Comunicándonos y la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), presentó una demanda civil ante un tribunal federal de Virginia (Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia) contra Reyes Mena por su presunta participación en el asesinato de Jan Kuiper. La demanda se presentó en nombre de Gert Kuiper, hermano de la víctima, al amparo de la Ley de Protección de Víctimas de Tortura. Esta ley permite a las familias de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el extranjero exigir justicia a los perpetradores, siempre que estos se encuentren dentro de la jurisdicción de un tribunal estadounidense.

En el caso del coronel Reyes Mena, la Ley aplica, ya que reside en Virginia. La demanda en Estados Unidos contra el coronel Reyes Mena, aún en curso, no afecta directamente el proceso penal en curso en El Salvador contra del general García y el coronel Morán, ni afectará la posible extradición del coronel Reyes Mena a El Salvador. Sin embargo, es posible que las pruebas presentadas durante el juicio sean utilizadas por las autoridades migratorias estadounidenses para deportar al coronel Reyes Mena, como se ha demostrado en casos anteriores de la Ley de la Ciudadanía y la Justicia (CJA). La demanda completa presentada en nombre de Gert Kuiper puede leerse aquí.

¿Cuándo está previsto que comience el juicio?

R: El juicio contra el general García, el coronel Morán y el coronel Reyes Mena está programado para las 9 a.m. el 23 de abril de 2025, en el Centro Judicial de Chalatenango, El Salvador.

¿Cómo actualizarse con la información más reciente del caso?

R: Puedes seguir las redes sociales y la página web de la Fundación Comunicándonos para estar al tanto de los últimos avances relacionados al caso penal en El Salvador.
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