Al cumplirse 39 años del asesinato de cuatro periodistas holandeses por parte de la Fuerza Armada de El Salvador, la Fundación Comunicándonos y la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) manifiestan a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

17 de marzo de 1982, los periodistas Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen, fueron emboscados y asesinados por miembros del Batallón Atonal de la Fuerza Armada, en el municipio de Santa Rita, departamento de Chalatenango.

Desde entonces este asesinato ha estado en la impunidad, pese a que el Informe de la Comisión de la Verdad estableció los nombres de algunos de los participantes militares involucrados como autores intelectuales del crimen.

El 13 de marzo de 2018, en una iniciativa conjunta entre los familiares de los periodistas asesinados, Fundación Comunicándonos y ASDEHU, con el acompañamiento del gobierno del Reino de los Países Bajos, se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigaran estos hechos y se siguieran los procedimientos judiciales para adjudicar la responsabilidad penal de sus autores intelectuales y materiales. En esa oportunidad, debido a que en estos asesinatos nunca se ha acusado formalmente en un tribunal a ninguna persona, era procedente aplicar el Código Procesal Penal de 2011 y el Código Penal de 1974. Este criterio fue recogido en la Política de Persecución Penal de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad en el contexto del conflicto armado, aprobada en diciembre de 2018.

Sin embargo, en plena contradicción de su normativa interna y de forma inconsulta con las víctimas y sus representantes, la FGR decidió solicitar una serie de diligencias judiciales de investigación del crimen de los periodistas holandeses con base a ambos códigos de 1974.

Esta decisión del Fiscal General, por medio del Grupo para la Investigación de los delitos cometidos durante el conflicto armado, la interpretamos como una maniobra política para limitar sus funciones, evadir responsabilidades y volver aún más lento el trámite de este crimen de lesa humanidad, por lo que denunciamos esta obstaculización adicional que se está llevando a cabo en detrimento de la averiguación de la verdad, en claro abandono a las víctimas y en favorecimiento de la impunidad y los victimarios.

Reafirmamos que estamos muy pendientes y vigilantes del proceso y resultado de las diligencias que han comenzado a desarrollarse en el Juzgado de Instrucción de Dulce Nombre de María, Chalatenango, y esperamos que ese Juzgado no se preste a nuevas artimañas dilatorias y de impunidad como las que han llevado a cabo la FGR y la Fuerza Armada, al negarse a colaborar con la búsqueda de la verdad y justicia.

Así, a 39 años de este crimen de lesa humanidad, esperamos y exigimos al Estado salvadoreño a que finalmente se comprometa con la verdad y lleve ante la justicia a los autores intelectuales y materiales de estos asesinatos que continúan en la impunidad y que se ha convertido en un caso paradigmático de violación a la libertad de expresión.

¡La impunidad de ayer es la impunidad de hoy!

San Salvador, El Salvador, 17 de marzo de 2021.