La respuesta de todos los poderes e instituciones del Estado ante los crímenes de lesa humanidad y de guerra que ocurrieron en el marco del conflicto armado sigue siendo la impunidad institucionalizada.

Los pocos casos emblemáticos de graves violaciones de los derechos humanos que continúan abiertos para la justicia siguen afectados por prácticas de impunidad que imponen jueces, fiscales y entidades de gobierno obligadas a colaborar con las investigaciones.

Tales prácticas han derivado, inevitablemente, en la protección estatal de los criminales de guerra salvadoreños.

Los patrones de impunidad ante crímenes de guerra fueron adoptados desde la firma de los Acuerdos de Paz-en violación de estos-y se han reproducido hasta hoy. Las prácticas más comunes que prevalecen en la actualidad son: la omisión de la Fiscalía (FGR) de profundizar con las investigaciones y judicializar la mayoría de los casos’; la omisión de jueces que aplican el Código Penal de 1974 de profundizar investigaciones, sobre todo contra ex jefes militares; la retardación deliberada de la justicia; el bloqueo a los archivos militares históricos o la negación de su existencia; entre otros vicios a los que se ha sumado, en los últimos años, la instrumentalización del gobierno de algunos casos de justicia transicional con fines de propaganda política.

La MECIES presenta siete ejemplos de casos emblemáticos afectados por estas prácticas de impunidad, específicamente el magnicidio de Monseñor Oscar Romero, la emboscada de los 4 periodistas holandeses², la masacre en la UCA, la masacre de El Mozote y sitios aledaños, la desaparición forzada de la familia Guzmán, así como los casos de niñez desaparecida y la práctica de las torturas, todos en impunidad.

Tras el desbaratamiento de la independencia judicial en El Salvador en 2021, la disfuncionalidad de la justicia en este tipo de casos se ha profundizado; el incumplimiento de sentencias internacionales y de sentencias de la Sala de lo Constitucional en esta materia es total; y se han paralizado casos a pesar de que acumulan una enorme cantidad de pruebas, como el caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños.

En este contexto de impunidad institucionalizada, la MECIES exige:

A los jueces y fiscales a cargo de casos de crímenes de la guerra, que cesen en su despropósito de retardar y omitir su obligación de investigar como la Constitución y la ley les demanda.

Al gobierno, que igualmente cese su protección a los responsables de tales crímenes, permitiendo el acceso a los archivos militares, cesando su injerencia en el poder judicial y absteniéndose de instrumentalizar los casos con su propaganda.

A la Asamblea Legislativa, que supere sus 9 años de incumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad contra la amnistía, dando trámite y posterior aprobación al proyecto de Ley de Justicia Transicional presentado por víctimas del conflicto armado y organizaciones de derechos humanos.

San Salvador, 6 de marzo de 2025.