“La respuesta de todos los poderes e instituciones del Estado ante los crímenes de lesa humanidad y de guerra que ocurrieron en el marco del conflicto armado sigue siendo la impunidad institucionalizada”, aseveró la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES).

Organizaciones como Cristosal, la Fundación Comunicándonos, la Asociación Pro-Búsqueda y otras más que aglutinan la MECIES manifestaron su rechazo ante la falta de avances en materia de verdad y justicia sobre las graves violaciones a derechos humanos perpetradas en el país entre 1980 y 1992.

De cientos de casos en aquel periodo, la Fiscalía General de la República (FGR) solo tiene 21 judicializados, entre estos los referidos a la masacre de El Mozote y lugares aledaños, el asesinato de los cuatro periodistas holandeses, el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y otros. También posee un total de 213 casos investigados a nivel nacional, según declaró el fiscal Rodolfo Delgado durante una sesión de la extinta Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa en enero de 2022.

Sin embargo, para defensores de derechos humanos que acompañan a víctimas, los pocos casos abiertos siguen afectados por prácticas de impunidad por parte de jueces, fiscales y entidades del gobierno salvadoreño, el bloqueo de archivos militares históricos, así como un patrón de protección estatal en favor de los presuntos responsables de los crímenes de lesa humanidad y de guerra.

“Los patrones de impunidad ante crímenes de guerra fueron adoptados desde la firma de los Acuerdos de Paz- en violación de estos- y se han reproducido hasta hoy”, aseguraron en un comunicado.

Las personas defensoras de derechos humanos sostuvieron que el caso de los cuatro periodistas holandeses, asesinados el 17 de marzo de 1982 en Santa Rita, Chalatenango, figura la única excepción a la omisión de investigar alto jefes militares. El caso fue elevado a juicio durante 2024 y hoy anunciaron que la Corte Suprema de Justicia llevará a cabo la solicitud formal de extradición en contra del coronel Mario Reyes Mena, uno de los principales acusados en el proceso penal.

Las MECIES exigió al Estado salvadoreño cesar los patrones de impunidad e investigar debidamente los casos del conflicto armado en los que a más de tres o cuatro décadas los derechos a la verdad y justicia para las víctimas y familiares aún son una deuda.

Además, demandaron a la Asamblea Legislativa superar los 9 años de incumplimiento respecto de la aprobación de una Ley de Justicia Transicional que tenga al centro a las víctimas. Esta normativa, según las organizaciones, podría ayudar a avanzar en casos “paralizados” como el de El Mozote y lugares aledaños, y otros más.