El canal 11 vuelve al 37, gracias a que la Sala de lo Constitucional avaló la revocatoria de asignación de la Junta de Directores de la SIGET, presionada por los oligopolios mediáticos televisivos de este país.

Jessica Guzmán

“El problema de fondo no es el fallo de la Sala, el problema son estos grupos de poder que siguen amenazando la democracia y la libertad de expresión”, así lo expresó Juan Carlos Sánchez, miembro de la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación, respecto a la resolución de la Sala de lo Constitucional de avalar que el canal 11 vuelva al 37.

La polémica se desató desde que el fugaz superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, Astor Escalante, asignara la frecuencia del canal 11 al 37, y ahora se revierte esa asignación, debido a que la  Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia avaló la revocatoria que hizo la Junta de Directores de la SIGET de esa asignación.

Y a esto se sumó la campaña de presión que los llamados Medios Unidos realizaron argumentando que estaban en contra de amaños y apelaban a la transparencia, tapando con un telón de defensores de la libertad, el miedo de estos oligopolios mediáticos a la competencia.

La resolución de la Sala de lo Constitucional argumenta que  la medida cautelar que dictara el 16 de mayo pasado, en la que congelaba todo proceso de asignación de frecuencias no inhibe a la Junta de Directores con esta revocatoria.

“La Sala de lo Constitucional tiene una resolución que debe ser acatada, lo que para nosotros es una preocupación mayor es lo que esto devela y es la composición del órgano que rige la Electricidad y las Telecomunicaciones en El Salvador”, dice Sánchez.

A este planteamiento se suma Oscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos y también miembro de la Junta y explican que al analizar el artículo 6 de la Ley de Creación de la Siget donde establece la composición de este organismo se aprecia que la Junta de Directores excluye totalmente a la sociedad civil.

Ya que la Junta de Directores es, la persona que nombra el presidente de la República, la nombrada por las gremiales del sector privado de este país y un director o directora nombrado por la Corte Suprema de Justicia.

“Lo que podemos observar que no existe representación de otros sectores de la comunicación como el sector comunitario o de la sociedad civil y como la Ley de la Siget no lo consideró, podríamos decir que se toman decisiones a favor de los grupos oligopólicos que no favorecen a un esquema democrático”, dijo Sánchez.

No debemos olvidad que la SIGET fue creada bajo una administración gubernamental signada por la derecha económica, empresarial y partidaria de este país, por lo que el planteamiento de la Junta Ciudadana por el Derecho a la Comunicación es que “debe revisarse la Ley de Creación de la SIGET”, dijo Pérez.

Sánchez aseveró que “ese control patrimonial que algunos sectores poderosos tienen de algunas instituciones debe romperse en función de la democracia, de la participación y de la libertad de expresión”.

En este sentido sería la Asamblea Legislativa la que debería revisar si no se violenta el principio de igualdad en la composición de esa junta de directores, la otra opción es que se interponga un recurso de inconstitucionalidad de dicha Ley ante la Sala de lo Constitucional.

La Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación asegura  que se mantiene vigilante de todos los movimientos que se den en cuanto al espectro radioeléctrico, porque solo democratizando las comunicaciones se puede abonar a la democracia.