La Mesa contra la Impunidad en El Salvador y el Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparaciones ante las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República aprobadas el 31 de agosto de 2021 por la Asamblea Legislativa expuso su posición de rechazo.

Consideran que las reformas a estas leyes porque implican un golpe mortal a la independencia judicial. Su aplicación expulsaría masivamente a aproximadamente un tercio de los actuales jueces, juezas y fiscales de carrera que hayan cumplido 60 años o tengan más de 30 años de servicio.

Entre los casos afectados a dichas reformas sería el caso de El Mozote y lugares aledaños, además de la emboscada contra 4 periodistas holandeses asesinados el 17 de marzo de 1982. En ambos casos, el juez y la jueza del caso, respectivamente, supera la edad límite que han mencionado dentro de las reformas.

Mencionaron además que, además de afectar directamente a los casos de crímenes de guerra, consideran que a la población puede afectarle en que lleguen personas (jueces) allegados a crímenes organizados y estarían controlando el sistema judicial.

Dijeron que todo esto, con el agravante que reformas aprobadas constituyen una abierta transgresión a los artículos 133 orinal 3° y 186 inciso 4° de la Constitución, pues no se promovieron por iniciativa del Órgano Judicial y atenta contra la estabilidad en los cargos de la carrera judicial; además, violentan los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura de la ONU.

Se desconoce un pronunciamiento oficialista con referencia a los temas antes ocurrido, pero han asegurado, durante plenarias o aún en otros temas, que no dejarán de ir un paso adelante en lo que se está realizando ni de parte del Gobierno, ni las aprobaciones por parte de los diputados de la bancada oficialista.