La Asamblea Legislativa reformó la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) con 46 votos. La propuesta fue presentada por el grupo parlamentario del FMLN y apoyada por PCN y GANA y  entraría en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, si no es vetada u observada por el Presidente de la República. La aprobación tuvo lugar a las 2:58 de la madrugada del pasado viernes 8 de febrero.

Su cambio esencial, fundamental, la hace prácticamente invisible cuando elimina de golpe y porrazo las facultades al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para “resolver controversias en relación a la clasificación de información reservada”, por lo que tendrá capacidad solo  de “recomendar”;  pero no obligar a las instituciones a que entreguen información. Quedando a criterio de los titulares de las instituciones pertinentes decidir si la otorgan o no. Habría que ver que posible titular corrupto accede a que se investigue su hecho ilícito.

En opinión de Luis Cruz, asesor jurídico de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción (SSTA), adscrita a la Secretaría para Asuntos Estratégicos, la propuesta de reforma “…vuelve al IAIP un ente no vinculante, es decir, sus resoluciones no son de obligatorio cumplimiento por parte de los entes obligados, ellos decidirán si la acatan o no”. Asimismo, quita las potestades que tiene el IAIP para ordenar la entrega de la información que hubiese sido clasificada como reservada cuando no cumplía con los requisitos para ello.

Por su parte el Presidente Mauricio Funes apuntó “…Yo entiendo que la iniciativa fue promovida por el FMLN y acompañada por el resto de fracciones complementarias (GANA y el PCN), el Ejecutivo no ha tenido nada que ver, el Ejecutivo cumple la ley tal como la aprueban los diputados”, afirmó.

A su vez y ante los señalamientos de algunos diputados que el Ejecutivo promovió la propuesta, el mandatario señaló que “es el FMLN y los partidos que le acompañaron con sus votos quienes deben explicar qué les llevó a introducir esas reformas, ellos aprobaron la LAIP, ellos han decidido reformarlas, ellos sabrán por qué lo hicieron”.

Agregó que es muy prematuro “reaccionar” ante estas reformas, “tengo que analizarla”, si las reformas son en beneficio de que el Instituto de Acceso a la Información Pública funcione de modo más eficiente y eficaz, pues no tendré más que sancionar esta reforma, pero vamos a entrar en un análisis jurídico de las mismas”.

El Subsecretario de Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, expresó a través de la red social Twitter que no tiene ninguna declaración o comentario público que hacer por el momento.

El Procurador de Derechos Humanos, Oscar Luna apuntó, que “…la reforma limita diferentes aspectos…la ley establece reservas y la reforma amplía las reservas…si las reservas violentan el derecho a la libertad de información…es irregular… no fue consultada, como si se había hecho antes…”

Mientras que los representantes de la Iglesia católica y de la Alianza Evangélica hicieron ayer un llamado al Presidente de la República, para que considere que las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) no armonizan con el espíritu de transparencia plasmado en la ley y que por ello, debe vetar las enmiendas.

Ante las críticas del partido ARENA que las reformas son “para tapar corrupción en el gobierno”, Funes dijo que eran declaraciones “irresponsables”. ¿Cuál corrupción? ¿A dónde está la corrupción? señaló el Presidente.

Tal como si ARENA fuese el plus ultra ejemplo de transparencia y limpieza administrativa y sus veinte años en el poder no recuerden los más sonados y escandalosos ejemplos de la corrupción más desenfrenada y galopante; y el “nacimiento” de unas cuantas fortunas fruto del robo de las arcas del estado.

Mientras Roberto Lorenzana, vocero efemelenista, dijo que están a la espera de la decisión del presidente y que si él la observa, están dispuestos a abordar las sugerencias.

Realmente la ley reformada se puede volver inoperante y el FMLN, como partido de izquierda, con o sin el Presidente, debe corregir su error inmediatamente y aprobar una ley que sea vinculante, no sustituible y verdaderamente democrática.

Igual recomendación para el Presidente de la República, si como el bien dice hay más de 90 expedientes sobre casos de corrupción presentados a la Fiscalía General de la República, el ser consecuente con estos procesos y con el pueblo salvadoreño, solo tiene una vía de hecho, vetar una ley que no es tal.