En el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), Luxemburgo, Marruecos, Francia, Gambia y Alemania recomendaron a El Salvador adoptar una ley de justicia transicional y garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado. Durante el ciclo anterior del EPU el Estado salvadoreño también recibió estas recomendaciones y las aceptó.

Organizaciones de derechos humanos que aglutinan la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), entre estas la Fundación Comunicándonos, celebraron que nuevamente el llamado de las víctimas se reflejara ante la comunidad internacional. Durante los próximos días El Salvador decidirá con qué recomendaciones se comprometerá y cuáles únicamente tomará nota.

Durante este proceso, España también envió la siguiente pregunta escrita anticipada al Estado salvadoreño: “Desde 2016, existe una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia instando a promulgar una norma sobre justicia transicional conforme a las obligaciones internacionales de El Salvador en esta materia. ¿El Gobierno tiene previsto avanzar una normativa que garantice los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado?”. A diferencia de otros países que, respondidas luego del diálogo de recomendaciones por parte de los Estados durante el EPU, El Salvador no lo hizo.

La MECIES fue una de casi una veintena de espacios organizados que enviaron informes e insumos al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que los Estados miembros que evaluarían al país conocieran, además de la postura oficial, la perspectiva desde sociedad civil sobre las diferentes problemáticas, desafíos, incluso retrocesos en materia de derechos humanos.

En el informe de la MECIES, las organizaciones subrayaron que, a la fecha, más de tres décadas después de finalizado el conflicto armado y casi ocho después de la derogación de la Ley de Amnistía General, El Salvador no cuenta con una ley de justicia transicional “ni con ninguna otra normativa que garantice los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado”.

Mencionaron también que, pese a que en el ciclo anterior del EPU El Salvador se comprometió a investigar y sancionar a los responsables de crímenes y graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado, nadie ha sido llevado a juicio. Por el contrario, señalaron un “retardo injustificado de la justicia” en los pocos procesos judiciales que el sistema de justicia tiene abierto aún.

“La realidad refleja que la agenda de justicia transicional ha ido perdiendo impulso en la dinámica estatal, y prácticamente, el poco avance que se registró en el pasado reciente ha sido impactado negativamente por el deterioro del Estado de Derecho y la neutralización del principio de separación de poderes, mientras que las víctimas siguen enfrentando una férrea negación de sus derechos y de la historia de atrocidades que vivieron”, expresó también la MECIES ante la ONU en su informe.