El Salvador es uno de pocos países en el mundo en donde las señales de radio y televisión son adjudicadas – casi por tiempo ilimitado – a personas naturales o jurídicas poderosas, para que las  exploten económica y políticamente a su entera satisfacción y conveniencia, sin más obligaciones  que las que le dicta su propia conciencia, visión ideológica e interés lucrativo.

Esto parece normal en El Salvador ya que desde siempre, los sectores poderosos han explotado a sus anchas este recurso. Pero esta práctica, desde el punto de vista de la ciudadanía de a pie, es inconstitucional y éticamente cuestionable. Explicamos por qué.

Las señales de radio y televisión, así como la de los teléfonos celulares y televisión por cable, entre otras, viajan o se transmiten por medio de ondas electromagnéticas que en su conjunto conforman un recurso técnico denominado espectro radioeléctrico. Este recurso es un bien público porque le pertenece al Estado, según el artículo 9 de la Ley de Telecomunicaciones; esto significa que así como las calles, las plazas, los ríos, el mar, el aire…son bienes que nos pertenece a todos y todas por igual; la población en su conjunto debería tener acceso equitativo a este recurso, que otras legislaciones ha sido declarado como un patrimonio común de toda la humanidad y los Estados son únicamente sus administradores.

La misma Ley de Telecomunicaciones (Artículo 2)  que es el cuerpo legal que regula el espectro radioeléctrico, indica que su finalidad es la de fomentar el acceso a las telecomunicaciones para toda la población y establece un uso racional y eficiente de este recurso. Sin embargo, este mismo marco jurídico, más adelante contradice esta finalidad al declarar en su artículo 84 que “siempre y cuando se lleve a cabo una subasta pública, se adjudicará la concesión al interesado que presente la mayor oferta económica”.

En otras palabras esto significa que cuando el Estado que es, en última instancia el titular de las frecuencias, decide adjudicar este bien público, lo hace por medio del mecanismo de la subasta en el que solamente tienen posibilidades reales de ganar, aquellas personas que tienen una cartera repleta de dinero ¿O será posible que una asociación comunal, una pequeña empresa, una cooperativa, un sindicato, una ONG, etc., (no digamos una persona particular), tenga los recursos financieros suficientes para ganar una subasta en la que concursan los grandes capitales que en este país, dominan el mercado de las comunicaciones?  La respuesta es obvia: Eso no es posible.

La subasta como mecanismo para adjudicar las frecuencias de radio y televisión, tiene una clara intención de tipo mercantil, en tanto que quien gana una frecuencia tiene los recursos suficientes para invertir, legítimamente recuperar tal inversión y sacar las respectivas utilidades de ese negocio. Estamos frente a un acto puro de mercado. Ello, en principio está bien, ya que la misma constitución reconoce el rol de la iniciativa privada y el orden económico del país en el que tiene plena cabida el desarrollo empresarial; pero la mala noticia para los medios comerciales, es que no son el único sector que tiene derecho a expresarse a través de este bien público; además de ellos, están también los medios alternativos o comunitarios y los medios públicos que actualmente tienen una expresión minúscula en el espectro. Basta deslizar el dial en un aparato receptor de radio para verificar la desproporción de los medios comerciales frente a los comunitarios y públicos; lo mismo con las estaciones de televisión.

A criterio de un grupo de ciudadanos y ciudadanas que han interpuesto una demanda de inconstitucionalidad para eliminar este perverso procedimiento, la subasta de las frecuencias lesiona varios principios constitucionales como la libertad de expresión, la igualdad ante y en la ley, el orden económico, la prohibición de monopolios, así como diversos tratados internacionales que El Salvador ha suscrito en materia de libertad de expresión.

En El Salvador, así como ha sucedido en otros países que han avanzado en la democratización de las comunicaciones, los grandes y todopoderosos medios comerciales han cuestionado estas pretensiones democratizadoras que emanan del seno de la sociedad, al considerar que tales transformaciones buscan instalar un modelo de control político (partidario) al servicio de grupos ideológicos que tienen la finalidad de controlar al estado en favor de sus intereses. Algo que efectivamente ellos han hecho por muchos años, pero que está muy alejado de la realidad porque esta lucha surge de las organizaciones sociales y populares que históricamente han sido víctimas del silencio y del secreto que han guardado sus empresas comerciales.

El Salvador es un país con muchas voces que interpretan de diversa forma la realidad, pero la abrumadora presencia de los medios comerciales en espectro radioeléctrico, obliga a la sociedad a escuchar y ver una sola versión de la realidad.

Por ello consideramos que es imperativo que se inicie una transformación estructural en el mapa de medios de comunicación; la eliminación de la subasta para la adjudicación de las frecuencias, puede ser un buen comienzo para impulsar otros cambios que se deben operar en el esquema mediático salvadoreño.