Especialistas y defensores de derechos humanos de El Salvador, Honduras y Guatemala coincidieron y manifestaron en la necesidad de la articulación en la región centroamericana para la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, en un escenario complejo en donde ambos elementos se enfrentan a retrocesos en materia.

Así sostuvieron Oscar Pérez, presidente-director de Fundación Comunicándonos (El Salvador), Mario Monterrosa, investigador con formación en Antropología Social (FLASCO – Guatemala) y Denia Castillo, directora de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos (RADDH – Honduras), durante un webiner patrocinado por el Proyecto APORTO “Espacio Cívico y Justicia Climática en Centroamérica).

De acuerdo con los expertos, de los tres países únicamente Honduras posee a la fecha un mecanismo o normativa de protección para personas defensoras de derechos humanos, sin embargo, esta no se cumple su objetivo efectivamente. Los otros dos países no poseen ninguna normativa a nivel nacional. Únicamente Guatemala ha ratificado, señalaron, el acuerdo 169 que se relaciona a dicha temática.

En este último caso, población civil y organizaciones han llamado reiteradamente al Estado guatemalteco a aprobar una política. Incluso, reiteraron, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha ordenado al país accionar en esa vía. Con los cambios recientes en este país se han abierto diálogos y esperan cambios significativos.

Aunque diferentes estos escenarios, coinciden en ciertas características como que en los tres países existen una sistemática violación a derechos humanos, lo que se traduce además a afectaciones directas como acoso, criminalización de defensores de derechos humanos, sumándose también asesinatos en la región de estos.

También, la violación de derechos humanos se traduce en los enfoques extractivos de empresas, lo que genera desplazamiento forzoso de comunidades, entornos hostiles, contaminación; situaciones que las personas afectadas junto a organizaciones exigen un alto.

El caso de El Salvador, expuso Oscar Pérez, se caracteriza por la amplia vigencia de un régimen de excepción, que ha permitido la suspensión de garantías y derechos constitucionales por alrededor de dos años y medio. Esta medida insignia del actual gobierno de turno ha facilitado el acoso, criminalización de personas defensoras, y ha provocado inseguridad jurídica, el debilitamiento al Estado de derecho, se han disminuido los espacios cívicos, entre otros factores, según el presidente-director de Fundación Comunicándonos.

Los expertos reconocieron la importancia de espacios para dialogar interregionalmente y exponer los diferentes escenarios, las tendencias y las apuestas para buscar garantías efectivas de los derechos humanos. También manifestaron la importancia de proyectos como APORTO.

“Iniciativas como estas deben seguir incentivando en la región. Esta propuesta va generando dentro de las mismas comunidades y organizaciones esa necesidad de seguir articulando nacional y regionalmente. Es muy importante seguir denunciando lo que acontece en nuestros países, seguir informando, para poder demostrar las realidades de nuestros países al mundo entero”, sostuvo Oscar Pérez.